Vinculación universidad-empresa: el eslabón que Chile no puede seguir ignorando

Dos señales cruzadas desde México iluminan un debate que en Chile avanza a paso lento: las universidades que rinden cuentas públicas ante sus órganos de gobierno y las que firman convenios formales con el sector productivo para integrar estudiantes a prácticas profesionales están redefiniendo qué significa pertenecer a una institución de educación superior. La pregunta es si el sistema chileno está preparado para seguir ese ritmo.

Rendición de cuentas rectoral: más que un trámite administrativo

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presentó ante su Patronato un informe de avances académicos y financieros, una práctica que en América Latina todavía dista de ser universal. Ese acto, aparentemente rutinario, condensa una lógica de gobernanza que organismos como la CNA en Chile llevan años intentando instalar: la rendición de cuentas como cultura institucional, no como exigencia burocrática. El Patronato, equivalente funcional a un directorio universitario, opera como contrapeso a la gestión rectoral. En Chile, las universidades del CRUCH tienen estructuras similares —juntas directivas, consejos académicos— pero la transparencia real de sus informes de gestión sigue siendo heterogénea. El MINEDUC ha impulsado reportes de desempeño institucional, pero la divulgación pública de esos documentos enfrenta resistencias que no son técnicas: son políticas.

Prácticas profesionales con convenio: la diferencia que importa

Mientras tanto, el Centro Judicial de Mediación (CJM) en México firmó convenios universitarios específicos para incorporar estudiantes a prácticas profesionales. No es un dato menor. La diferencia entre una práctica gestionada ad hoc y una respaldada por un convenio institucional es la diferencia entre una experiencia formativa y una experiencia laboral protegida. Los convenios establecen responsabilidades, seguros, supervisión académica y, en muchos casos, evaluación de competencias.

• Convenios formales: definen roles del supervisor empresarial y del tutor académico, con protocolos de evaluación.
• Prácticas informales: dependen de la voluntad del empleador; el estudiante carece de respaldo institucional ante conflictos.
• Impacto en empleabilidad: las prácticas con convenio tienen mayor tasa de conversión a empleo formal, según evidencia comparada de la OCDE.
• Brecha de acceso: los estudiantes de primera generación universitaria acceden con menor frecuencia a redes que faciliten prácticas de calidad.

Este modelo de vinculación estructurada es precisamente lo que el MINEDUC ha intentado fomentar a través del financiamiento institucional para la vinculación con el medio, uno de los criterios de acreditación de la CNA. Sin embargo, la brecha entre tener el convenio firmado y ejecutar prácticas con acompañamiento real sigue siendo amplia en varias instituciones regionales.

El contexto chileno: SLEP, Alta Dirección Pública y la lógica del mérito

Desde el flanco de la educación pública no universitaria, el SLEP Los Álamos incorporó cinco nuevos directores seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública. El dato es relevante para el debate sobre gobernanza educacional: la selección meritocrática de directivos escolares —una reforma que lleva años en implementación con los SLEP— es el antecedente institucional sobre el que debería construirse una lógica similar en la educación superior. Si en la enseñanza básica y media Chile avanza hacia la profesionalización de la dirección escolar, la pregunta es por qué en las universidades estatales los cargos de gestión intermedia siguen dependiendo de redes internas y no de concursos transparentes. La coherencia del sistema educativo como un todo lo exige.

Lo que viene

Las señales apuntan en una dirección precisa: la próxima ronda de acreditaciones institucionales ante la CNA debería incorporar indicadores medibles sobre la calidad de los convenios de práctica —no solo su cantidad— y sobre la publicidad efectiva de los informes de gestión rectoral. La experiencia de la UAT y del CJM en México no son modelos a copiar, pero sí referencias para calibrar qué tan lejos está Chile de estándares que ya son piso mínimo en otras latitudes. El MINEDUC tiene la palanca regulatoria. Usarla o no es, también, una decisión política.