Universidad Autónoma en la mira: cuando la autonomía choca con la rendición de cuentas
La disputa entre la U. Autónoma de Chile y el GORE revela una tensión estructural en el sistema universitario chileno: ¿quién fiscaliza a las instituciones privadas?
La Universidad Autónoma de Chile salió públicamente a deslindar responsabilidades frente al Gobierno Regional, aclarando que la Contraloría General de la República no la ha declarado responsable de delitos. El episodio no es anecdótico: expone una fractura persistente entre autonomía institucional, fiscalización pública y gobernanza universitaria que el sistema chileno aún no ha resuelto.
Una institución privada bajo escrutinio regional
El cruce entre la Universidad Autónoma de Chile y el GORE representa algo más que un conflicto administrativo puntual. La institución, que forma parte del universo de universidades privadas no pertenecientes al Consejo de Rectores (CRUCH), se vio en la necesidad de emitir un comunicado público para aclarar su situación legal ante la Contraloría. Que una casa de estudios superiores deba desmentir imputaciones desde un gobierno regional evidencia hasta qué punto los mecanismos de coordinación entre actores del sistema —MINEDUC, GORE, CNA y las propias universidades— siguen siendo difusos y, con frecuencia, reactivos antes que preventivos.
Fiscalización fragmentada: el problema de fondo
El caso activa una pregunta que académicos y gestores universitarios llevan años formulando: ¿cuál es la arquitectura real de supervisión sobre las instituciones de educación superior privadas en Chile? La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) certifica calidad académica, la Contraloría revisa uso de fondos públicos, y los GORE administran convenios y transferencias. Pero ninguno de estos actores opera con coordinación fluida entre sí. El resultado es una zona gris donde las instituciones pueden quedar expuestas a acusaciones cruzadas sin que exista un árbitro claro.
- CNA: acreditación académica y de carreras, sin competencia disciplinaria directa.
- Contraloría General de la República: fiscaliza uso de recursos públicos transferidos; no declara culpabilidad penal.
- MINEDUC: licenciamiento y supervisión normativa general de instituciones.
- GORE: administra convenios regionales y puede generar observaciones sobre proyectos financiados.
- Instituciones privadas: gozan de autonomía estatutaria, pero deben rendir cuentas cuando reciben fondos del Estado.
Chile y el modelo de supervisión que no termina de cuajar
En el contexto chileno, la tensión entre autonomía universitaria y control externo no es nueva. La Ley 21.091 sobre Educación Superior, promulgada en 2018, intentó ordenar el ecosistema institucional, pero las disputas como la que protagoniza hoy la Universidad Autónoma revelan que los protocolos de resolución de conflictos entre niveles de gobierno siguen siendo insuficientes. Cuando una universidad privada recibe financiamiento regional —vía convenios, proyectos o programas de vinculación— la cadena de responsabilidades se vuelve opaca para la ciudadanía y, a veces, para los propios actores involucrados. Eso erosiona la confianza pública en el sistema, independientemente de si hay o no responsabilidad efectiva.
Lo que viene
La Universidad Autónoma de Chile deberá sostener su posición con documentación concreta ante el GORE y eventualmente ante la opinión pública universitaria. Más allá del desenlace de este caso específico, el episodio debería presionar al MINEDUC y a los gobiernos regionales para establecer protocolos formales de comunicación cuando existan observaciones sobre instituciones acreditadas. Sin ese paso, cada conflicto seguirá resolviéndose en el espacio mediático antes que en instancias técnicas, lo que debilita tanto a las universidades como a los organismos fiscalizadores.